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    Carlos Monsiváis

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Deslindes: La universidad pública otra vez en la mira. COLUMNA DE ADRIANO CORRALES ARIAS

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La universidad pública otra vez en la mira

 

Deslindes / Columna de Adriano Corrales Arias

 

 

 

El actual gobierno de Carlos Alvarado (PAC/PUSC), eufemísticamente denominado de “unidad nacional” o “del centenario”, a casi a un año de ejercicio, se vislumbra como uno de los más agresivos en términos neoliberales de los últimos veinte años. Dicho de otro modo, se muestra como la continuidad de la contrarreforma neoliberal iniciada por los gobiernos del PLUSC en los años ochenta, la cual pretende, a tono con las exigencias de los organismos financieros internacionales del gran capital, desmantelar el Estado social de derecho para hacer tabula rasa macroeconómica y mercadear las instituciones insignias, por estratégicas, del Estado benefactor (ICE, CCSS, AyA, RECOPE, banca, salud, universidades públicas, entre otras), así como las Garantías Sociales erigidas por los otrora socialcristianos y socialdemócratas, con aporte del Partido Comunista (Garantías Sociales) y de la doctrina social de la Iglesia católica en los años cuarenta del siglo pasado.

 

Tras una jugada maestra de la oligarquía, Alvarado fue electo por temor ante una opción fundamentalista creada, qué duda cabe ahora, expresamente para ello. Es decir, empujaron a miles de costarricenses a votar por el PAC por miedo ante la entronización del fundamentalismo religioso y socioeconómico; la gente no votó por el PAC, sino contra el candidato contrario. Pero en el fragor electoral, pocos fueron capaces de percibir que el segundo fundamentalismo era el que inspiraba la jugada maestra y es, precisamente, el que dirige la actual administración y controla el parlamento. Así, el joven e inexperto Alvarado luce como un presidente sin proyecto, sin carácter y, lo peor, sin opciones, sin partido y sin apoyo popular. En otras palabras, la borrachera neoliberal continúa y se acrecienta con peligrosidad para las amplias mayorías y la estabilidad del país.

 

 

Con la aprobación del “combo fiscal”, a pesar de la férrea y heroica oposición de los empleados públicos, vanguardizados por los educadores y su digna resistencia reprimida en varios puntos del país, la criminalización de la protesta subió muchos decibeles aupada por la grotesca campaña de desprestigio de los mass media corporativos quienes, obviamente, apoyan las medidas de shock tributario, porque quienes tienen más pagan menos (ellos) y los que tienen más, y son más, pagarán más. Las falsas noticias de sabotajes y “terrorismo” estuvieron a la orden del día para desprestigiar al movimiento huelguístico, el cual, por cierto, fue vergonzosamente desamparado por los universitarios: ni estudiantes ni funcionarios se sumaron a la huelga en una actitud insolidaria absoluta. Hoy, la mayoría de la masa costarricense, intoxicada por esos brutales mass media, se opone a la huelga como derecho ciudadano de los trabajadores y los sindicatos; aparecen casi como organizaciones delincuenciales, cooptados por dirigentes corruptos y “comunistas”, léase “terroristas”. La pírrica victoria tributaria de la oligarquía se tradujo en una derrota simbólica, es decir, ideológica, para el movimiento social. Pero, paradójicamente, hay que agregar, en una derrota política para el Gobierno, dado que muchos de sus votantes de base hoy lamentan el voto emitido.

 

En la vil campaña mediática, la universidad pública también se convirtió en el blanco de los ataques, cual ablandamiento artillero antes del asalto final. Está claro que ahora vienen por ella. Para la contrarreforma neoliberal y los “buenos negocios”, la universidad pública es un escollo y un apetitoso objetivo por dos grandes razones: 1. La universidad pública, bien que mal, produce pensamiento crítico e incide en variados sectores productivos y periféricos con sus labores de investigación y acción social; eso incomoda e interfiere en la implementación de la agenda neoliberal. 2. La apertura de la universidad privada, con su omnívora manera de lucrar ofertando una formación mediocre, salvo contadas excepciones, necesita eliminar esa “competencia” y hacerse del presupuesto, la infraestructura y los servicios instalados por las universidades estatales. De tal modo, la batalla está planteada y no tardará en generar una escalada de ataques más agudos, cínicos e ilimitados.

 

Para iniciar, de manera inconsulta e inconstitucional y sin decir agua va, los diputados, encabezados por el fundamentalismo de ambos signos, cercenaron de un tajo diez mil millones de colones del presupuesto del FEES para este año. Dicho sablazo impactará de forma negativa en la gestión de las universidades y en el recorte de acciones sustantivas. Habrá que ver si la cuestionada sala constitucional resuelve como corresponde el recurso de amparo presentado por las mismas universidades en manos del rector de la UCR. (Por cierto, la intemperancia del discurso único mediático no se hizo esperar ante ese hecho: titularon que las universidades están desacatando el plan fiscal. ¡Habrase visto mayor canallada!). Y de seguido, se nombra una comisión especial en la Asamblea Legislativa, para estudiar ciertas reformas al FEES, en una descarada violación de la autonomía universitaria y de los protocolos del ejecutivo, toda vez que es la Contraloría General de la República la responsable de velar, año tras año, por la transparencia y la buena administración de los fondos que el Estado asigna para la función universitaria. Pero lo que más asombra es que todo esto sucede sin que las comunidades universitarias se inmuten ni riposten, ¡como si no sucediese nada!

 

La lucha está planteada en un terreno francamente desfavorable, puesto que en la zona de confort académica pareciera importarles a pocos. La universidad pública está en la mira de la oligarquía y sus mandamases transnacionales, como valioso botín para los “buenos negocios”. Es de esperar que las mismas universidades se sacudan y logren el apoyo de amplios sectores tanto sociales como políticos para su legítima defensa. Sin embargo, está por verse, dado que al interior de las mismas se mueven bizarros intereses favorables a la contrarreforma neoliberal; es la quinta columna o el caballo de Troya que introdujeron en la institución y que hace años he venido denunciando. En muchos momentos parece que la bandera de la “conciencia lúcida de la nación” ha sido arreada de nuestras astas. El pensamiento crítico ha sufrido duros golpes en los mismos campus universitarios. El movimiento estudiantil está desinformado y por ello luce dócil, cooptado en su dirigencia y atomizado; igual los sindicatos.

 

La universidad pública, como centro de cultura superior, es parte vital de nuestra alicaída democracia y del Estado solidario que hemos construido en los últimos setenta años, gracias a un pacto social y político hoy echado a la borda por los neoliberales y fundamentalistas de todo cuño, los mismos que asaltaron los partidos políticos tradicionales para convertirlos en viles maquinarias electorales, independientemente de sus candidatos y de su “signo ideológico”: lo que importa es el pastel. Sin universidades públicas robustas y consolidadas la democracia será un esperpento y un recuerdo mustio en los anales de nuestra historia reciente. Ojalá que no tengamos que padecerlo.

 

 

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